INMIGRANTE: No deje de recibir servicios públicos por miedo a represalias

Los cambios a la definición de "carga pública" no son finales. Manténgase inscrito en los servicios públicos que esté recibiendo

El 22 de setiembre, el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes para cambiar drásticamente los términos bajo los cuales se prohíbe que ingresen al país u obtengan residencia legal (“green cards”) a las personas que probablemente dependerán de servicios de apoyo del gobierno.

La nueva propuesta ampliaría los factores que el gobierno usaría para considerar a alguien como un riesgo de convertirse en carga pública, que actualmente se limita a aquellos que probablemente necesiten ayuda en efectivo, definida como asistencia social o atención institucionalizada a largo plazo.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional propone descalificar también a aquellos que probablemente necesiten asistencia de vivienda, Medicaid que no sea de emergencia, Medicare Parte D (ayuda con recetas) o ayuda nutricional como cupones de alimentos, dijo Erin Quinn, abogada del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés) en San Francisco.

La noticia de los cambios pendientes ha sacudido a la comunidad de inmigrantes, y muchos consideran la posibilidad de retirarse rápidamente de los programas de beneficios para proteger sus solicitudes de residencia legal (“green cards”) o la posibilidad de que los miembros de sus familias puedan presentar una solicitud.

Para hacer frente a estas preocupaciones, este 27 de setiembre el ILRC organizó una teleconferencia coordinada por Ethnic Media Services para conversar acerca de los cambios propuestos, a quién es más probable que afecten y qué medidas podría ser prudente (o imprudente) tomar con anticipación.

Junto a Quinn, en la llamada de una hora, estuvieron Wendy Cervantes de CLASP (Centro de Derecho y Política Social) de Washington, DC; María González, de Health Care for All (Salud para Todos) de Boston; Karlo Ng, del National Housing Law Project (Proyecto Nacional para la Ley sobre Vivienda) en San Francisco; y Amanda Lugg, del African Services Committee (Comité de Servicios Africanos) de Nueva York.

El impacto del cambio propuesto a esta regla sería significativo. Según el Migration Policy Institute (Instituto de Políticas de Migración), 2.3 millones de los 4 millones de los no ciudadanos legalmente presentes, que llegaron durante los últimos cinco años, podrían estar en riesgo de ser determinados como “carga pública” (un incremento del 3% actual), dijo Sara Feldman, del ILRC, en los comentarios de apertura.

"Las leyes de inmigración son muy complejas. Es mejor pensar en ello caso por caso", dijo Quinn, e instó a las personas a consultar con un abogado de inmigración acreditado antes de retirarse cualquier servicio que estén recibiendo.

"Es realmente importante que las familias obtengan los servicios que necesitan ahora y no se preocupen por el especulativo posible impacto de usar esos beneficios en el futuro".

 "Incluso si se promulgara tal como está escrita, esperamos que cualquier cambio estará muy lejos en el futuro", dijo Quinn, e incluso una vez que estén establecidos –si alguna vez lo están— serán "prospectivos", no retroactivos.  Esto significa que las personas no serán juzgadas por los beneficios que puedan haber recibido antes de que las reglas cambien, sino por sus necesidades en el futuro.